El Concello busca legalizar el aliviadero del puente Romano

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El Gobierno local es partidario de reducir el impacto del edificio
La oposición pide el derribo y tilda de aberración la obra que se sitúa al lado del monumento

Marta Carballo
Localidad:
ourense

El Concello de Ourense se compromete a buscar una solución al impacto ambiental que provoca el aliviadero que la Confederación Hidrográfica ha construido junto al puente Romano. Los tres grupos apoyaron una propuesta del PP en la que se compromete a mantener una reunión en la que participen las tres administraciones con sus equipos técnicos para que esta edificación «cause o menor impacto posible cun proxecto que sexa aprobado pola Dirección Xeral de Patrimonio».
Sin embargo el gobierno local rechazó la moción del BNG - apoyada por el PSOE- en la que solicitaba que el Concello se dirigiera a la Confederación Hidrográfica para que se demoliera el bloque de hormigón.
La corporación coincidió en el problema pero las posturas de cómo y cuál debe ser la solución enfrentaron a gobierno y oposición. El nacionalista Xosé Carballido calificó la obra como «a maior agresión en tempos de paz que sufriu a ponte Romana». El edil pidió una actuación tajante ya que recordó que la Constitución impone a los poderes públicos la obligación de proteger el patrimonio histórico y argumentó que esta construcción incumple las leyes estatales y autonómicas de patrimonio. Por eso considera que el Concello tiene competencias para proceder a la demolición. En este mismo sentido se expresó el PSOE que acusó el equipo de gobierno de desidia ante «unha aberración contra o patrimonio».
Defensa
Desde el PP, el concejal de Infraestructuras, José luis Rodríguez Cid, defendió la gestión realizada por su grupo. Aseguró que desde el momento en el que se detectó la problemática -en el proyecto presentado no se especificaba la altura del aliviadero- se remitieron informes jurídicos a Patrimonio y a la Confederación advirtiendo de esta circunstancia y se abrió expediente. Sin embargo, afirmó que el proyecto «aprobáronse por lei no Parlamento en 1997 e o goberno local non pode demoler a obra, só pode facer recomendacións». Por eso desestimó la petición del BNG y se comprometió a una reunión con las distintas administraciones para buscar la solución más adecuada para no causar impacto en el puente Romano.
Tomado de: http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2004/10/01/3073515.shtml